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Nota de síntesis 15 (Diciembre de 2023)
Este resumen presenta los debates celebrados, en persona y en línea, en la 16ª sesión del MEDPI, del 17 al 21 de julio de 2023.
Trabajar como voluntario para el Docip significa poner sus competencias al servicio de los delegados indígenas durante sus intervenciones en las Naciones Unidas.
A solicitud de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Docip desea informarle sobre su campaña "Sangre Indígena: ni una gota más".
Treinta años después de aprobada la Constitución Federal de 1988, que trajo el respeto a la identidad cultural de los Pueblos Indígenas y al derecho sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, seguimos sufriendo amenazas. La más reciente, cometida por el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, se dio con la Medida Provisional (MP) nº 870/2019 y los decretos firmados por el presidente para reorganizar la estructura y las competencias ministeriales que dejaron deliberadamente graves lagunas en los instrumentos y políticas socio ambientales. Con la MP 870, el Presidente transfiere al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) la identificación, delimitación, reconocimiento y demarcación de las Tierras Indígenas (TIs), deduciendo esta función de la Fundación Nacional del Indio (Funai).
En los últimos años, la coyuntura política y económica viene imprimiendo un ritmo desarrollista al país donde la Amazonia y el Cerrado desempeñan el importante papel de "motor de la economía". Grandes obras de infraestructura y la frontera agrícola avanzan con ímpetu sobre el bosque y la sabana, atropellando la biodiversidad, las áreas protegidas, ignorando derechos y afectando significativamente la calidad de vida de las comunidades locales. El conflicto por las tierras, vinculado a una falta de gobernanza histórica en estas regiones resultan en efectivos negativos que se manifiestan como cicatrices en el corazón de la mayor selva tropical del mundo. Esta coyuntura viene permitiendo que diferentes aspectos de la legislación ambiental sean flexibilizados o reinterpretados, reduciendo la protección de nuestros ecosistemas y minando derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.
De hecho, el gobierno brasileño señala la tendencia a seguir cediendo a los deseos de los ruralistas. Tereza Cristina, nueva ministra de Agricultura, representa los intereses del agronegocio en Mato Grosso do Sul, Estado que es escenario de los procesos de demarcación más complicados por las disputas por la tierra. Con eso, es muy probable que el proceso de identificación y demarcación de Tierras Indígenas sea frenado y que se aflojen las barreras que impiden la deforestación. También no está claro quién quedará con la responsabilidad de garantizar la integridad de las Tierras Indígenas, que antes era responsabilidad de la Funai. El órgano, antes subordinado al Ministerio de Justicia, pasa a ser controlado por el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandado por la conservadora ministra y pastora evangélica Damares Alves.
La falta de respeto a los derechos constitucionales de esos pueblos se cruza con problemas como la deforestación, invasión de áreas protegidas, trabajo esclavo, extracción ilegal de madera, actividad minera, pérdida de biodiversidad, conflictos de tierras, violencia y asesinatos en el campo. Es bueno recordar que Brasil es el país más peligroso para activistas y defensores de la tierra y del medio ambiente: en 2017, al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ambientalistas fueron asesinados en todo el mundo por proteger sus hogares y territorios de los efectos de la minería, del agronegocio y de otras actividades que amenazan su modo de vida, según la ONG británica Global Witness. Brasil fue el país más letal para quien traba esas luchas, con 57 asesinatos. Además, en los últimos años, la criminalización de líderes indígenas se ha intensificado en razón de su lucha por derechos, especialmente en el Nordeste y en el Sur del país.
Las Tierras Indígenas son bienes de la Unión, siendo reconocidos a los indios la posesión permanente y el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes. Es deber del Estado protegerlas. Sin embargo, incluso después de demarcados, esos territorios no quedan libres de amenazas. La TI Karipuna, en Rondônia, homologada en 1998, tiene más de 10 mil hectáreas de bosque destruido, como consecuencia de la explotación ilegal de madera. La TI Indígena Arara, también en Pará, acaba de ser invadida por madereros. En las otras regiones del país, donde los pueblos aguardan por la demarcación de su territorio sagrado, la situación es aún más grave. En Bahía, por ejemplo, 490 familias indígenas de la etnia Tuxá fueron sorprendidas, en noviembre, con una decisión de la Justicia determinando la inmediata desocupación del territorio Surubabel o Dzorobabé, ocupado tradicionalmente por la comunidad.
La demarcación de Tierras Indígenas representa una garantía de protección al bosque ya los pueblos que de ella dependen para vivir. La tierra es la base del hábitat de un pueblo y la sostenibilidad de las riquezas naturales allí presentes asegura la reproducción física y cultural de las poblaciones indígenas.
Ante la creciente amenaza y los retrocesos impuestos por el Estado a los Pueblos Indígenas del país, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) lanza esta semana la campaña "Sangre Indígena: ni una gota más", con el objetivo de movilizar a la sociedad por los derechos indígenas. "La idea es reunir diversas actividades, organizadas por el movimiento indígena y sus partidarios, en una agenda de movilización del" JaneiroVermelho ", dice Sonia Guajajara, de la coordinación de la APIB.
Organiza sus circulos. Conecte sus redes. La lucha indígena es permanente y precisa de su apoyo: promueve círculos de conversación, debates, produzca materiales ... Haga parte de la campaña y úne sus actividades al Enero Rojo.
#JaneiroVermelho #DemarcaçãoJA
